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BOLETÍN

N° 49

CLASIFICACIÓN

PADRES Y DOCENTES

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Derechos de niñas, niños y adolescentes
En diversos ámbitos; también en Internet.

Derechos: un término imprescindible en todos los aspectos de la vida. En esta oportunidad nos centraremos, específicamente, en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hablaremos del derecho a ser escuchados en todo ámbito y cómo se aplica en estos tiempos, fundamentalmente en lo que refiere a las tecnologías.


Hace algunas semanas estuvimos con el equipo del Ministerio Público Tutelar[1] y nos contaron acerca de su actividad referida a la promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes y cuáles son los nuevos escenarios y desafíos que se presentan al respecto desde que la tecnología se volvió parte casi constitutiva de todas las actividades que llevamos adelante. 


 Educar es mostrar, enseñar, instruir, preparar, no es ocultar, esconder o simplemente pretender que las cosas no pasan. 


La Asesoría Tutelar de la que estamos hablando se encuentra dentro de las instancias de Justicia de la Ciudad. Esta área se dedica, fundamentalmente, a realizar controles de legalidad en el marco del Sistema de Protección Integral de Derechos, brindando recursos de amparo cuando resulta necesario y, de ese modo, corroborando que las medidas estén bien aplicadas.  

 

El Sistema de Protección Integral de Derechos es un régimen con enfoque de derechos, abordaje integral e intersectorial, el cual respeta el derecho de opinión y ser oído, garantiza la participación de los niños y la familia en los procedimientos y agota todas las medidas disponibles evitando, en la medida de lo posible, la separación del seno familiar poniendo como foco principal el bienestar de los niños.  

 

Se rigen a través de diversas leyes, siendo las siguientes las más importantes:  

 

·         Convención Internacional de Derechos del Niño estipulado en la constitución.[2]

·         Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. [3]

·         Ley Provincial 114 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. [4]

·         Código civil y comercial.[5]


Sus ejes principales son:  


·         No discriminación.  

·         Autonomía progresiva.  

·         Interés superior del niño - Garantizarles los derechos en su totalidad.  

·         Participación y expresión.   

·         Convivencia familiar.  

·         Protección.  

·         Respuesta penal especializada – Para los casos que los niños se encuentran en conflicto con la ley penal.   


Todos los adultos, más allá del cargo o la función que tengamos en la sociedad, somos responsables de la protección de los niños. Cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre cercana a niños en algún contexto (escuelas, hospitales, clubes, entre otros), son considerados responsables de su cuidado y el art. 30 de la ley 26.061 establece el deber de comunicar al organismo administrativo la existencia de derechos vulnerados.


 La participación activa de los adultos en la “vida digital” de los niños y la supervisión de sus actividades resulta una cuestión esencial.


En el caso específico de las instituciones educativas, no sólo cuentan con obligación legal sino también con el poder para intervenir ante situaciones que así lo ameriten.  En tal sentido, frente a situaciones de este tipo, existen dos circuitos de reporte; uno urgente y otro no urgente. En aquellos casos urgentes, el docente que identifica una situación que requiere intervención debe informárselo instantáneamente al directivo quien evaluará si se debe recurrir al SAME, a algún apoderado legal o a la guardia permanente de abogados del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes darán aviso a la familia. A su vez, también debe notificar al Ministerio Público Tutelar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del caso para que dicho organismo pueda darle seguimiento.   


Si no es urgente, el/la docente debe elevar un informe a su directivo para que este efectúe la solicitud de intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En caso de no tener protocolo interno, se debe presentar directamente en la Mesa de Entradas del Consejo.  A su vez, se debe notificar -tal como se mencionó antes- al Ministerio Público Tutelar a través de un informe escrito presentado en Mesa de Entradas. 


Todos los adultos, más allá del cargo o la función que tengamos en la sociedad, somos responsables de la protección de los niños.  


La elaboración de los informes de reporte debe contemplar, por un lado, la descripción de las situaciones o los derechos quebrantados por los cuales se pretende la intervención y, por el otro, la individualización del niño, niña o adolescente, grupo familiar, referentes comunitarios, etc (nombres, DNI, teléfono, dirección, escuela, hospital). También, se pueden sugerir líneas de acción en base al trabajo realizado con el niño, niña o adolescente, pero sin imponer estrategias a seguir ni soluciones específicas. Y, por último, es necesario presentar –si las hubiera- las intervenciones previas del efector que está generando la solicitud: qué acciones y qué resoluciones alcanzaron y con quiénes se han llevado adelante articulaciones.  


¿Cómo interviene el organismo de Protección de Derechos?  


Una vez realizada la comunicación sobre la posible vulneración de derechos, el organismo acciona por medio de sus equipos interdisciplinarios:


·         Releva informes técnicos de profesionales actuantes.  

·         Cita a progenitores, familiares y/o referentes afectivos del niño, niña o adolescente en cuestión.   

·         Garantiza el derecho a ser oído.  

·         Determina la aplicación de medidas integrales de protección de derechos.  

·         Determina, excepcionalmente, la separación del niño, niña o adolescente de su grupo familiar: medidas excepcionales (con control de legalidad ante la Justicia de Familia).   

·         Continúa trabajando con el grupo familiar y/o referentes afectivos a fin de restituir la convivencia familiar.  


¿Y cómo se relaciona esto con Internet?  


El mundo digital es una inmensidad de todo tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del acceso de los niños a la web, es importante que previamente hayan contado con las enseñanzas adecuadas para saber cómo manejarse en línea. Es decir, controlar con quiénes interactúan, en qué sitios navegan, qué contenido publican, etc.   

 

Educar es mostrar, enseñar, instruir, preparar, no es ocultar, esconder o simplemente pretender que las cosas no pasan. De hecho, la experiencia demuestra que sin orientación ni límites claros sólo se crea desconfianza y aumentan las situaciones de riesgo. Por eso resulta tan importante la participación activa de los adultos en la “vida digital” de los niños y la supervisión de sus actividades.


Sabemos que el mundo virtual -como cualquier otra cosa- tiene sus pros y sus contras. Si bien todo se consigue de manera instantánea y más fácil, existen riesgos que como adultos debemos prevenir. Estamos hablando de daños que pueden darse como consecuencia de haber interactuado con desconocidos, de haber proporcionado datos personales sin tener en cuenta los riesgos o de confiar en las personas equivocadas. En tal sentido, podemos ver que todo lo que pasa en el mundo físico, de alguna manera, también puede pasar en la vida online.  


Por lo dicho hasta aquí vemos que, cuando los incidentes y la vulneración de derechos –por más que se dé a través de un dispositivo- rozan lo crítico, resulta fundamental la rápida intervención con el correspondiente organismo. 

 

 Lo que pasa en el mundo físico, muchas veces puede terminar pasando en el mundo online.  


Desde el BACSIRT, consideramos que son realmente necesarios los espacios seguros y confiables a los que se pueda acudir para evacuar dudas y/o solicitar ayuda sobre situaciones que pongan en riesgo a los más pequeños más allá del medio por el que se den, incluidos los entornos digitales. Es por ello que, por un lado, dentro de nuestros servicios se encuentra la atención y el asesoramiento respecto todos los incidentes informáticos a los que puedan verse expuestos niños, niñas y adolescentes. Y, por otro, trabajamos articuladamente con el Ministerio Público Tutelar a los fines de agilizar el tratamiento de tales casos y garantizar la protección de los niños en situación de vulnerabilidad. 

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